COMUNICADO DE PRENSA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO COLOMBIANO POR LA C-258 DE 2013

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha remitido al Gobierno de Colombia, para sus observaciones, la petición que un grupo de ex magistrados ha elevado ante la justicia interamericana, relativas a la declaración de su responsabilidad internacional por la violación de las garantías judiciales, de acceso a la administración de justicia, y el derecho a la propiedad privada que fueron objeto de la sentencia de Constitucionalidad C-258 de 2013, conocida como la que tumbó las mega pensiones.

 Así lo ha comunicado a los ex magistrados la Comisión, mediante carta del 26 de febrero del presente año.

 Para que la Comisión Interamericana le formulara al Estado Colombiano las observaciones, trasladándole la denuncia internacional, debió constatar que en principio, esta reúne los requisitos previstos para el efecto por el Reglamento de la Corte. 

El que el Estado Colombiano sea llamado a presentar sus observaciones, tiene el significado inmediato de ser el primer escenario en el que se deba responder de fondo a cuestionamientos no contestados por nuestros jueces nacionales sobre la referida sentencia de exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.

 Si en el mundo político se cuestiona el que todo medio vale, con mayor razón en el mundo judicial. Aún se invoque que el motivo que se persigue con esa sentencia sea acabar con la desigualdad pensional, propender a la sostenibilidad del sistema, también para esos luchadores de la justicia cuenta el que se les respeten el debido proceso.

 Ciertamente, en su momento la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado consideraron que las administradoras de pensiones, al haber procedido sin cumplir los procedimientos legales de modificación  de actos administrativos, incurrieron en violación al DEBIDO PROCESO.  Sin embargo, se impuso la tesis de la Corte Constitucional (pie de pagina T-615 de 2015) según la cual, palabras más palabras menos, bastaba que la orden proviniera de esa alta corporación para que las administradoras quedarán exentas de cumplir con el derecho universal y absoluto del DEBIDO PROCESO.  Así por tanto todavía no se ha ofrecido respuesta a asuntos tales: ¿cómo mediante una sentencia de constitucionalidad de carácter abstracto, a la que no están vinculados los pensionados, se dispuso de sus derechos reconocidos, atribuyéndoles de manera general el haber participado en procedimiento de obtención de la pensión signado por el fraude a la ley y el abuso del derecho?

 El Estado Colombiano cuenta con noventa días para presentar sus observaciones.

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